Por: Marcela Rosen

La huelga de hambre que iniciaron el pasado lunes 7 de marzo seis pres@s polític@s en la cárcel de Angol, ha sido acallada por los medios de comunicación y el gobierno y ni siquiera se les ha dado la atención médica necesaria.

Una huelga de hambre exigiendo el fin de la persecución policial que afecta a las comunidades en conflicto, así como la libertad que el Estado chileno les ha negado como luchadores sociales mapuche, iniciaron el pasado lunes 7 de marzo seis presos políticos recluidos en la cárcel de Angol y que enfrentan duras condenas en democracia, bajo la Ley Antiterrorista de Pinochet. La acción de protesta fue anunciada por la Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche y coincide con el inicio de las audiencias de preparación de juicio oral contra Jorge Manquel Torres en Collipulli, acusado por la fiscalía local del incendio de una sementera de trigo propiedad del particular Rene Urban.

28 de marzo

"Por Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche:

La convicción y resistencia continúan tras las rejas de la cárcel de Angol, hoy lunes 28 de marzo se cumplen 22 días de lucha por su libertad, denunciando el accionar del Estado Chileno, los días pasan y se comienzan a percibir los deterioros físicos, el PPM Jorge Manquel Torres ha sangrado continuamente de sus oídos y permanece en cama, Jaime Huenchullan con serios problemas renales y perdida momentáneas de la visión, los restantes han experimentando nauseas mareos e intensos dolores de cabeza.

Por un lado, tenemos la decisión valiente de los Presos Políticos Mapuche (PPM) y por otro lado las típicas burocracias del sistema Chileno, sin ninguna capacidad para ofrecer soluciones eficientes a la huelga de hambre, como quedo en evidencia el día miércoles 23 de marzo, cuando sostuvimos una reunión con la directora regional de gendarmería y con el SEREMI de justicia, quienes afectuosamente nos hablaban de la voluntad del gobierno para responder a las demandas que les presentábamos, pero siempre y cuando les ayudáramos a "persuadir" a nuestros familiares para que abandonasen la huelga de hambre, creemos que esto obedece a la conducta histórica de las autoridades Chilenas, que siempre han tratado por todos los medios de acallar la voz de disconformidad del pueblo mapuche, y que en estos momentos resulta muy molesta, pues se esta en tiempo de elecciones y a este gobierno le interesa quedar muy bien posicionado a nivel internacional y presentarse como el mas respetuoso de la democracia, por lo que las preocupaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos por los PPM, les inquieta pues podría afectarles inclusive en su apuesta por la elección del ministro del Interior Insulsa ante la OEA.

Pese a esto, y sabiendo los PPM que el estado no tiene la intención de escuchar y resolver sus demandas, ya que este es el responsable junto a los poderes económicos de sus problemas, es que manifiestan su digna posición de continuar su resistencia aunque esto les cueste la vida.

En la cárcel de Angol, Jaime Marileo Saravia, Patricio Marileo Saravia, Patricia Troncoso Robles, Jaime Huenchullan Cayul, Juan Carlos Huenulao Lienmil, Jorge Manquel Torres hacen un llamado a resistir a este sistema opresor, con la fuerza de los futakeche (antepasados) y en memoria de nuestro mártir Alex Lemun asesinado cobardemente por carabineros, por:

La libertad inmediata de todos los Presos Políticos Mapuche, recluidos en la cárcel de Traiguen, Angol y Concepción.

El cese a la Persecución de los Mapuche clandestinos y el cierre de sus causas judiciales.

El fin al hostigamiento y represión por parte de carabineros de Chile a las comunidades Mapuche.

La expulsión de las forestales y latifundistas del Territorio Mapuche."

 

¡¡¡MARRICHIWEU!!!

 

 

 

Marcha en Temuco el 23 de marzo de 2005

En apoyo a presos políticos mapuche

Un recorrido por las calles céntricas de Temuco realizaron hoy miércoles más de un centenar de personas, en apoyo a los presos políticos mapuche recluidos en la cárcel de Angol y que desde el 7 de marzo se encuentran desarrollando una huelga de hambre por su libertad. Según señaló Cristina Painemal, vocera de la Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche, entre los objetivos de la marcha estaban el realizar un llamado a la ciudadanía a solidarizar con los huelguistas.

"Queremos hacer un llamado a la gente y comunicar el tema de la huelga de hambre y la represión que sufren las comunidades mapuche. Las demandas son principalmente la libertad a todos los presos políticos mapuche y al cese de la represión en las comunidades", señaló Painemal a Azkintuwe. Otro de los objetivos de la manifestación, fue hacer entrega de una carta a las máximas autoridades del gobierno regional.

"La marcha tuvo también como finalidad hacer entrega de una carta al Intendente Regional y al SEREMI de Justicia, que es enviada desde la cárcel de Angol por los 6 Presos Políticos Mapuche (PPM) que se encuentran allí en huelga de hambre", indicó. Según Painemal, en la misiva los presos le reiteran al Intendente sus demandas de libertad y exigen a la vez al poder judicial que se tomen las medidas necesarias para resguardar su integridad física, en momentos en que ya cumplen 17 días en ayuno.

 

Indiferencia del gobierno

Cabe recordar que días atrás, la propia Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche había denunciado la negativa del Seremi de Justicia de permitir el ingreso de medicos independientes a la cárcel de Angol, a fin de chequear el delicado estado de salud de los huelguistas, denuncia que fue apoyada hoy por los propios presos políticos a través de un comunicado.

"Hasta la fecha no ha existido la más mínima voluntad de gendarmería o personeros de gobierno para establecer una conversación, mientras que nuestros familiares han bajado un promedio de 9 kilos cada uno, presentando alteraciones severas en su organismo como: mareos, nauseas, desorientación, pérdida de visión momentáneas, intensos doleros de cabeza, entre otros síntomas", indicaron.

"Cabe destacar que a ninguna de las autoridades de gobierno ha tenido la intención de escuchar las demandas, menos aún de brindar una debida atención médica, del mismo modo ha actuado la cruz roja de la IX región reconocida internacionalmente por su "servicio a personas o poblaciones que se encuentren en situación vulnerable y que necesitan protección y asistencia" (Cruz Roja Internacional) ¿Obedece esto al racismo y xenofobia?", se preguntan Jaime Marileo, Patricio Marileo, Juan Huenulao, Jaime Huenchullan, Jorge Manquel y Patrica Troncoso.

Según adelantó Cristina Painemal, nuevas movilizaciones seguirán desarrollándose en apoyo de los presos de Angol, más aun cuando desde diversas partes del mundo siguen recibiendo muestras de solidaridad. "Hasta el momento hemos recibido harto apoyo, desde Suiza, Francia, Canadá, de ONG`s, de los sindicatos de trabajadores, etc. El problema es que no hemos tenido repuesta del gobierno, creemos que en su afán de que se termine esta huelga a tratado de silenciar en los medios de comunicación, lo que es grave por el riesgo vital que corren los huelguistas", finalizó / Azkintuwe

 

presa política mapuche Patricia Troncoso

Por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas

¿Quiénes son los presos de Angol?

El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas entregó hoy importantes antecedentes judiciales para saber quiénes son y cuáles son las condenas que afectan a los presos políticos mapuche Jaime Marileo, Patricio Marileo, Juan Huenulao, Jaime Huenchullan, Jorge Manquel y Patricia Troncoso, todos ellos recluidos en la cárcel de Angol y que hoy cumplen 18 días en huelga de hambre. En la mayoría de los casos, se trata de comuneros investigados por el Ministerio Público bajo cargos de "terrorismo" y cuyos enjuiciamientos estuvieron plagados de irregularidades, tal como lo han denunciado diversos organismos de derechos humanos ante el gobierno chileno e instancias internacionales.

Cabe destacar que ayer miércoles 23 de marzo, Patricia Troncoso Robles, Juan Patricio Marileo y Florencio Jaime Marileo, representados por el abogado Hugo Gutiérrez, presentaron ante el Juzgado de Garantía de Ángol, una querella criminal por prevaricación en contra de los magistrados del Tribunal Oral de esa ciudad Augusto Koch Salazar, Georgina Solís Morgado y Luis Sarmiento Duarte, la que es respaldada el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, a través de su director legal, Rodrigo Lillo. La querella se fundamenta en que uno de los considerandos esgrimidos por los magistrados para condenarlos a 10 años de cárcel el pasado 13 de octubre de 2004, sería copia textual del considerando de otra sentencia judicial, lo que a juicio de los querellantes correspondería al delito de prevaricación, el cual cometen los funcionarios públicos al faltar, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, a las obligaciones y deberes de su cargo (sancionado en el artículo 224 nº 1 del Código Penal).

FLORENCIO JAIME MARILEO SARAVIA

Comunero mapuche de 26 años de edad, perteneciente a la comunidad José Guiñon, sector San Ramón de la ciudad de Ercilla. Fue detenido el día 4 de diciembre del 2002 y se le imputan inicialmente los cargos de asociación ilícita terrorista y luego por el delito de incendio terrorista. Su detención se produce como consecuencia de una orden judicial emanada del Tribunal de Garantía de Temuco, a solicitud de los Fiscales Alberto Chiffelle, Francisco Rojas, Paula Villalobos, Paola Turra del Ministerio Público, quienes formalizaron a Florencio Marileo el día 6 de diciembre de 2002, sindicándolo como participe de la organización mapuche "Coordinadora de Comunidades En Conflicto Arauko Malleko", acusada de ser un Asociación Ilícita Terrorista.

Posteriormente, en enero del año 2003 y a solicitud del Fiscal del Ministerio Público Alejandro Ríos, se le formaliza por el delito de incendio terrorista, causa que fue tramitada en el Tribunal Mixto de Collipulli. En ambas causas se presentaron como querellantes particulares la gobernación provincial de Malleco, en representación del Ministerio del Interior, y la Empresa Forestal Minico S.A.

Florencio Marileo permaneció en prisión preventiva hasta el día 13 de febrero del 2004 (casi un año dos meses), cuando en audiencia de revisión de medidas cautelares (1) de mapuche acusados de incendio terrorista, se modifica su situación por una medida alternativa, por lo que solo permaneció firmando a la espera de su juicio por incendio terrorista al fundo forestal Mininco Poluco Pidenco, que se extendió del 29 de julio al 17 de agosto del año 2004.

El 27 de julio del 2004 se da inicio al Juicio Oral por Incendio Terrorista en Contra de 11 mapuche pertenecientes a las comunidades de Tricauco, San Ramón y Chekenko, todos de la comuna de Ercilla. Sin embargo la discusión inicial se centra en que al juicio oral solo se presentan 5 de los 11 imputados, por lo que se suspende hasta el 29 de agosto, a la espera de la detención de los seis comuneros restantes. Cabe señalar que en este lapso se realizan violentos allanamientos por parte de fuerzas especiales de carabineros en las comunidades de Tricauco, San Ramón, Chekenko y Rukañanko" (2) .

Este proceso estuvo marcado por diversas irregularidades ya denunciadas en otras ocasiones (3) y que básicamente tuvieron que ver con la utilización de la ley antiterrorista (18.314), restricciones al debido proceso, la utilización en el juicio de "testigos protegidos" (desconociéndose su identidad) por parte del Ministerio Público y la inhabilitación -por parte de la Corte Suprema- de la jueza de Garantía que "había rechazado la calificación de ataque incendiario como un delito terrorista presentada por la fiscalía y denegó sus peticiones de protección y anonimato de testigos" (4) .

Finalmente Florencio Jaime Marileo Saravia fue condenado a 10 años y un día de prisión, además debe pagar en indemnización a la Empresa Forestal Mininco S.A. la suma de 425 millones de pesos, solidariamente junto a los cinco condenados por esta causa.

JOSE PATRICIO MARILEO SARAVIA

Comunero mapuche de 30 años de edad, hermano de Florencio Marileo, perteneciente a la comunidad José Guiñon, sector San Ramón de Ercilla. Su detención obedece a una orden emanada del Tribunal Mixto de Collipulli, a solicitud de los fiscales Alejandro Ríos, Claudia Turra, Paula Villalobos y Alberto Chiffelle del Ministerio Publico, quienes el 16 de enero del 2003 solicitan: "(.) PRIMER OTROSI: Sírvase a decretar orden de detención(...) SEGUNDO OTROSI: Se sirva autorizar la entrada y registro de los domicilios de los imputados (...) en este mismo sentido, solicitamos a Usía autorice el registro en cualquier horario, dado que se requiere en forma urgente la detención de esas personas(...)" (5) .

Es detenido dos meses más tarde (16 de marzo del 2003), alrededor de las 18:00 horas al interior del Fundo Santa Rosa, en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana, en momentos que se encontraba trabajando de temporero. Formalizado por incendio terrorista del fundo Poluco Pidenco, propiedad de la Empresa Forestal Mininco S.A., permanece poco más de un año en prisión preventiva, hasta el cambio de medidas cautelares en febrero del 2004.

Finalmente, al igual que su hermano, fue condenado a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, además debe pagar en indemnización a la Empresa Forestal Mininco S.A. la suma de 425 millones de pesos, solidariamente junto a los cinco condenados por esta causa.


PATRICIA ROXANA TRONCOSO ROBLES

Oriunda de Chillan Viejo, auxiliar de párvulos, ex alumna de Teología de la Universidad Católica de Valparaíso, de 36 años de edad. Es detenida el día 12 de septiembre del año 2002 como presunta autora de los delitos de amenazas e incendios terroristas, por hechos que afectaron la casa patronal del ex ministro de Agricultura, miembro del Tribunal Constitucional y presidente de la Fundación Pablo Neruda, Juan Agustín Figueroa.

Su causa -en la que también son imputados los Lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norin- se tramitó en el Juzgado Mixto de Traiguén, y a la acusación del Ministerio Público se sumaron como querellantes el gobierno y los propietarios afectados. En este caso se imputa a los acusados responsabilidad en los siguientes hechos: 1) Incendio terrorista en casa habitación de propiedad de Juan Agustín Figueroa Elgueta; 2) amenazas de incendio terrorista contra los dueños y administradores del Fundo Nancahue; 3) incendio terrorista en perjuicio del predio forestal San Gregorio de propiedad de Juan Julio Sagredo Marín; y 4) amenazas de incendio terrorista contra los dueños y administradores del Predio San Gregorio.

En diciembre de ese año (y a más de un mes de su detención), a solicitud de los Fiscales Alberto Chiffelle, Francisco Rojas, Paula Villalobos, Paola Turra del Ministerio Público, es formalizada por el Tribunal de Garantía de Temuco como participe de la Organización Mapuche "Coordinadora de Comunidades En Conflicto Arauko Malleko", acusada de ser un Asociación Ilícita Terrorista.

Posteriormente, el 28 de enero de 2003, se le formaliza por la causa rotulada con el RUC: Nº 01000086954-2; siendo fiscal del Ministerio Público Alejandro Ríos, quien investiga los delitos de incendio terrorista, robos con violencia, lesiones, usurpación en el grado de tentativa y otros, siendo querellantes la Empresa Forestal Mininco S.A. y la gobernación provincial de Malleco, representada por un abogado del ministerio del interior.

Por la primera causa, su juicio se realiza del 31 de marzo al 9 de abril de 2003. La sentencia definitiva absolvió a los imputados de todos los cargos por no estimarse acreditadas sus participaciones en los hechos punibles (6). Sin embargo las partes querellantes en este caso (gobierno y particulares) presentaron un recurso de nulidad ante la Corte Suprema. La Sala Penal de la Corte Suprema (7), en fallo leído el 2 de julio de 2003 anula la sentencia absolutoria que recaía sobre Patricia Troncoso y los Lonkos Pascual Pichón y Aniceto Norin, ordenando la realización de un nuevo juicio.

El nuevo juicio oral en contra de Patricia Troncoso se realizó a partir del 9 de septiembre de 2003. En él fue absuelta nuevamente de todos los cargos que se le formulaban, mientras que los lonkos mapuche fueron condenados a la pena de 5 años y 1 día de presidio por el delito de amenazas de incendio terrorista, contemplado en el artículo 7 de la Ley N ° 18.314 (actualmente se encuentran recluidos en la cárcel de Traiguén con cerca de la mitad de la pena cumplida).

El día 13 de febrero del 2004, en el proceso por incendio terrorista del predio forestal Poluco Pidenco, y a más de un año de iniciarse las formalizaciones y detenciones de mapuche de Tricauco, Chekenko y San Ramón de la comuna de Ercilla, se realiza audiencia de revisión de medidas cautelares de los mapuche acusados. Dicha audiencia de revisión de medidas cautelares se efectúa después de siete meses sin debate, en los cuales los mapuche acusados de la causa se encontraban en prisión preventiva en la Cárcel de Angol. Con la resolución anterior, se pone fin a la reclusión de Patricia Troncoso Robles, quien permaneció 1 año 5 meses en prisión preventiva.

Finalmente, al igual que Juan Patricio Marileo y Florencio Jaime Marileo, es condena a 10 años y un día de prisión por incendio terrorista al predio Poluco Pidenco, además debe pagar en indemnización a la Empresa Forestal Mininco S.A. la suma de 425 millones de pesos, solidariamente junto a los cinco condenados por esta causa. Durante los meses de octubre y noviembre del 2004, en forma paralela al cumplimiento de su condena, Patricia Troncoso debió afrontar un cuarto juicio por el delito de Asociación Ilícita Terrorista. Tras 17 jornadas de audiencias en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, es declarada inocente por tercera vez de su participación en delitos de carácter terrorista.


JUAN CARLOS HUENULAO LIELMIL

Comunero mapuche de Tricauco, Comuna de Ercilla, de 39 años de edad. Se encuentra acusado de su presunta participación en el incendio de carácter terrorista del predio forestal Poluco Pidenco. Nunca estuvo en prisión preventiva ni con medidas cautelares, a diferencia todos los demás imputados por esta causa.

Tras la inhabilitación de la jueza que llevaba el caso, el día 26 de mayo del 2004 Juan Carlos Huenulao junto a cinco acusados por esta causa, decidieron no presentarse al juicio de preparación oral, por considerar que no existían las garantías suficientes para un debido proceso. Se trata de Luis Amable Catrimil y Mireya Figueroa, lonko y secretaria de la comunidad de Tricauco; el lonko José Cariqueo, de la comunidad de Guiñon de San Ramón y los dirigentes Juan Colihuinca y Juan Carlos Huenulao.

En entrevista concedida por Mireya Figueroa, ésta explica que la decisión la tomaron por lo siguiente: "Antes que todo, ha sido por dignidad. Nosotros no somos delincuentes, no somos terroristas, somos dirigentes de base que estamos reivindicando nuestros derechos ancestrales. Por eso desconocemos la ley chilena, porque no es garantía de ninguna justicia, optando por esta vía, que puede ser difícil y riesgosa, pero que nos ofrece la posibilidad de rebelarnos, de no darle en el gusto al Estado chileno que quiere tenernos encarcelados" (8)

Sin embargo, Juan Carlos Huenulao fue detenido el 20 de febrero de este año por efectivos de carabineros que realizaban un patrullaje en los caminos interiores de las comunidades de Ercilla. Desde esa fecha que se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Ángol a la espera del Juicio Oral que se iniciará el próximo 18 de abril.

En este contexto se suma a la huelga, por considerar que en su caso, al igual que el de los otros comuneros, se ha incurrido en indebidos procesos y a que éstos responden más bien a una persecución política contra quienes se oponen a las inversiones forestales y a la vez reivindican derechos territoriales sobre tierras mapuche.


JORGE MARIO MANQUEL TORRES

Comunero mapuche de 35 años de edad, perteneciente a la comunidad Ankapi Ñancucheo de Ercilla. Es imputado por incendio simple (causa R.I.T. 116-2004) en contra de la propiedad de René Urban Pagnard. Los hechos ocurridos durante el verano de 2004, dicen relación con la quema de trigo y pastizales correspondiente al fundo Santa Melanie, que se encuentra al interior de la Comunidad Ankapi Ñancucheo. La detención y posterior encarcelamiento de Jorge Manquel se produjo hace ya más de un año, en febrero del 2004, fecha desde la cual permanece en prisión preventiva en la cárcel de Angol. Recientemente fue notificado el inicio de su juicio oral para el próximo 12 de abril.

El Ministerio Público, representado por la fiscalía de Collipulli (fiscal Andrés Villagra), solicita una pena de 5 años y un día de cárcel para el mapuche ahora acusado. En tanto la víctima del ilícito investigado, representado por su abogado particular Enrique Stappung, solicita una pena de diez años de cárcel y a través de demanda civil una indemnización de perjuicios de 15 millones de pesos aproximadamente, además de una indemnización por daño moral de 10 millones de pesos.

Es importante destacar que la víctima y querellante, René Urban Pagnard, es un conocido agricultor de la zona de Ercilla, involucrado en varios procesos llevados en contra de mapuche provenientes de comunidades colindantes a todos sus predios.

Al igual que en otros casos ya juzgados de imputados mapuche en el marco de conflicto territorial, en éste son vulnerados una serie de derechos, como la presunción de inocencia, que en lo que se refiere a Jorge Manquel ha significado que en el transcurso de los 13 meses que lleva en prisión preventiva, solo se haya solicitado en dos oportunidades la revisión de la medida cautelar; solicitudes que a su vez han sido negadas por el tribunal de garantía, acogiendo los argumentos de la fiscalía y abogado de la familia Urban. El principal fundamento esgrimido por el Tribunal para negar la libertad de Manquel, es -para los mapuche- ya conocido: su libertad es un peligro para la sociedad. Aunque en un posterior juicio oral sea absuelto de los cargos, como ha ocurrido en otras oportunidades.

 

Ha denunciando el pasado 10 de enero una grave violación de su derecho a una legitima defensa por parte de la Defensoría Penal Mapuche (defensoría pública), encargada en teoría de defenderlo de las acusaciones del fiscal.

"En un primer momento fui asistido por la Defensoría Penal Mapuche, defensa que oficialmente aun tengo pero que no ha hecho ninguna gestión por mi libertad. Al contrario, el defensor público, abogado Jaime López, me aconsejó inculparme a modo de tener un juicio simplificado y recibir una condena de cinco años de pena remitida".

 

JAIME HUENCHULLAN CAYUL

Comunero mapuche de 26 años de edad, perteneciente a la Comunidad de Temucuicui de Ercilla. Es imputado junto a otros miembros de su comunidad por una serie de ilícitos relacionados con el particular René Urban Pagnard, siendo formalizado por el Ministerio Público de Collipulli por los delitos de Amenazas y daños calificados (causa R.I.T. 628-2004).

El pasado 10 de enero Jaime Huenchullan fue detenido por carabineros cuando se presentaba a una audiencia en el Juzgado de Garantía de Collipulli, siendo trasladado al Tribunal de Garantía de Traiguén donde, al día siguiente a su detención, se le formaliza por el delito de robo con intimidación de dos animales en grado de frustrado. Hecho presuntamente ocurrido el día 12 de noviembre de 2004, en la comunidad indígena de Añiñir, ubicada a varios kilómetros de distancia, en la comuna de Traiguén. Jaime Huenchullan se encuentra en prisión preventiva desde enero del presente año por este hecho.

Sin embargo, y una muestra más de las graves irregularidades que se suceden en causas mapuche en el marco del conflicto territorial, ese mismo día 12 de noviembre de 2004 se encontraba en la casa de su tía, a solo metros de lugar donde construye su vivienda en el ex fundo Alaska (hoy propiedad de la comunidad de Temucuicui, luego de ser adquirida por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), y por razones que debieron en su momento ser investigadas, recibió un disparo que lo dejó inconsciente hasta el día siguiente. Fue trasladado en estado grave al hospital de Victoria, constatándole más de 40 perdigones en su cuerpo.

El Observatorio de Derecho de los Pueblos Indígenas, a través de su director legal, el abogado Rodrigo Lillo, presentó el pasado 18 de febrero una querella criminal ante el Tribunal de Garantía de Collipulli, por homicidio frustrado en contra del comunero mapuche Jaime Huenchullan, puesto que a poco más de tres meses de ocurrido este grave hecho y a que el Ministerio Público posee todos los antecedentes a disposición, no existen aún solicitadas diligencias ni pericias que permitan señalar responsabilidades. Ni siquiera existe persona alguna formalizada por estos hechos. Siendo importante relevar que una investigación oportuna habría permitido ya el esclarecimiento de los hechos por los cuales Jaime Huenchullan se encuentra en prisión preventiva.

Llama por lo mismo la atención del Observatorio la lentitud con la que ha actuado en este caso el Ministerio Público, esperando no encontrarnos ante una nueva situación de denegación de justicia, ya que al constituir el hecho un delito de homicidio en grado de frustrado, concierne la realización de la investigación pertinente para la determinación de las responsabilidades penales y sus sanciones correspondientes / Azkintuwe

NOTAS

1. El juzgado de Garantía resuelve: "Que se sustituye la prisión preventiva que afecta a los acusados MIREYA FIGUEROA, LUIS CATRIMIL, JOSE CARIQUEO, JUAN CIRIACO MILLACHEO, JUAN MARILEO SARAVIA, FLORENCIO MARILEO SARAVIA, JOSE LLANQUILEO, JUAN COLIHUINCA, JOSE HUENCHUNAO Y PATRICIA TRONCOSO, por las medidas cautelares del articulo 155 letras c) y d) del Código Procesal Penal, debiendo en consecuencia cada uno de ellos presentarse en el juzgado de garantía a firmar libro correspondiente los días viernes de cada semana a partir del viernes 20 de febrero del 2004, y queda prohibido salir del país (.).

2. Mella Eduardo, Mapuches acusados, mapuches condenados: Caso Poluko Pidenko. Agosto del 2004. En: http://www.derec h osindigenas.cl/

3. Ver Informe: "Indebido Proceso, los Juicios antiterroristas, los tribunales militares y los Mapuche en el sur de Chile". Human Rights Watch y Observatorio de Derechos de os Pueblos Indígenas. 2004.

4. Op. Cit.

5. Orden de detención emanada del juzgado Mixto de Collipulli y fechada 16 de enero del 2003.

6. La sentencia señala textualmente que la prueba rendida "no reúne los estándares probatorios necesarios en grado de calidad, certeza y suficiencia, para afectar la presunción constitucional y legal de inocencia que ampara a los acusados, circunstancia que permite a estos sentenciadores llegar perentoriamente a la convicción de que no fue probada la participación de autores materiales de los referidos Pichun, Troncoso y Norín, en los delitos que les fueron imputados, según el tenor literal de las acusaciones de que fueron objeto" Sentencia Tribunal Oral en lo Penal de Angol de fecha 14 de abril de 2003.

7. La sala penal de la C. Suprema estuvo integrada por los Ministros Sres. Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U., José Luis Pérez Z., Milton Juica A. y Nibaldo Segura P. Milton Juica, estuvo por confirmar la sentencia y redactó su voto disidente.

8. "Rebeldes contra la injusticia". Entrevista a Mireya Figueroa. Periódico Azkintuwe, Julio de 2004.

30 March, 2005

Human Rights Watch pide cambios al gobierno en temas de DD.HH. y libertades públicas

Uno de los puntos se relaciona con la aplicación de la Ley Antiterrorista a dirigentes mapuches encausados por delitos en distintas manifestaciones.

 

SANTIAGO Marzo 29.- (UPI) El director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se reunió esta tarde con el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, a fin de solicitar al Ejecutivo una serie de modificaciones sobre la legislación actual chilena, la cual en algunos aspectos chocaría con el ejercicio de las libertades públicas y la promoción y protección de los derechos humanos.

"En Chile se aplica (la Ley Antiterrorista) a dirigentes mapuches o a miembros de organizaciones mapuches, que durante las manifestaciones en las que participan incurren en la comisión de delitos, pero si bien constituyen violaciones al Código Penal, no son ni pueden ser constitutivas de delitos terroristas. Aquí hay un problema muy serio, hay una aplicación que nos parece discriminatoria de una legislación que debe ser reformada", indicó Vivanco.

 

Agradecemos a:

Desobediencia informativa: h t tp://www.desobe d iencia. e ntod a spartes.org/breve.php3?id_breve=307

al Periódico Mapuche Azkintuwe.htm : http://www.nodo50.org/azkintuwe/marzo24_1.htm

al informativo independiente IMC chilesur

http://www.indymedia.org/

y al informativo mapuche Mapuexpress

http://www.mapuexpress.net/