TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE-URUGUAY.

Por Esteban Silva Cuadra
Miembro de la plataforma de organizaciones Chile Mejor Sin TLC

En octubre de 2016, los gobiernos de Chile y Uruguay  firmaron un Tratado Libre Comercio. Sus contenidos se hicieron públicos el mismo día en que los cancilleres lo suscribieron y sus Capitulos no fueron consultados previamente con las organizaciones sociales y de trabajadores ni con parlamentarios de ninguno de los dos países.

Entre Chile y Uruguay  ya existen suficientes Acuerdos vigentes en el ámbito Comercial cómo son:

1.-  El Acuerdo de Complementación Económica N°35 y sus protocolos  adicionales. Acuerdo que liberaliza prácticamente a cero  bienes y servicios,

2.- El Tratado Bilateral de Inversiones que se encuentra vigente desde el 2012, que en sus 38 artículos incluye, entre otros, Trato nacional, Nación más favorecida, libre transferencia de capitales, prohibición de apropiación y nacionalización de inversiones y establecen solución de controversias vía CIADI o UNCITRAL y finalmente;

3.- El Acuerdo de Contratación Pública suscrito el 2012, que establece apertura efectiva y recíproca de mercados de contratación pública incluyendo bienes y servicios.

En consecuencia con lo anterior, nos preguntamos;  ¿Porqué  se pretende suscribir un nuevo Tratado de Libre Comercio con Uruguay si los actuales acuerdos son suficientemente amplios sobre el tema y nunca han sido evaluados (en cada país ni bilateralmente) sus impactos económicos, productivos, comerciales y sociales?

Desde la Plataforma Chile Mejor sin TLC hemos señalado la necesidad de que el Estado no negocie, y que nuestro Congreso no  apruebe nuevos TLC  mientras no se realicen estudios que permitan una evaluación seria, amplia e informada con participación ciudadana efectiva sobre los TLC suscritos hasta la fecha. Así, lo asumió  y respaldó un grupo significativo de candidatos a la presidencia de la República en las recientes elecciones, senadores y diputados en ejercicio y parlamentarios que asumirán el 11 de marzo al suscribir la Moratoria a los Tratados de Libre Comercio propuesta por Chile Mejor sin TLC.

La evaluación sobre los TLC se funda en la necesidad de realizar un análisis detallado y crítico sobre los impactos de estos acuerdos asegurando la participación informada de los ciudadanos, de las organizaciones sociales, de Trabajadores  y sectores productivos  que se han visto o podrían verse afectados por los TLC ratificados por Chile.

El debate  supone discutir  democráticamente el tipo de modelo de desarrollo exportador que se viene aplicando en nuestro país teniendo presente las particularidades y características de Chile en su interacción con el mundo y con la región.

El canciller Heraldo Muñoz ha insistido en que el TLC que ha impulsado el  gobierno con Uruguay es considerado de “Última Generación”,  categoría que se utiliza para referirse a los estándares que se están imponiendo en las negociaciones comerciales y de inversiones a nivel mundial.

Aquellos  estándares han sido  introducidos en las negociaciones globales por los Estados del norte (Estados Unidos y la Unión Europea)  en estrecha relación  con  las empresas transnacionales (ETN ) y  corporaciones transnacionales  que son las principales impulsoras de estas nuevas dinámicas de negociación y que buscan allanar el camino para la profundización de sus dinámicas de producción y millonaria acumulación a nivel global. A  través de los TLC's  "de nueva generación" se establecen “nuevas reglas del juego” que amplían las ya existentes y maximizan la exigencia de nuevos compromisos desreguladores.

En el TLC Chile Uruguay constatamos  una variedad importante de elementos negociados que se incorporan vía extractos textuales de lo negociado en el TISA y el TPP, los que ahora han sido incluidos en varios de los 20 Capítulos que conforman el TLC Chile-Uruguay.

El canciller Muñoz ha sido un entusiasta impulsor de las negociaciones en el TISA ( Acuerdo del cual el Uruguay se retiró) y del TPP e impulsa una inserción internacional liberalizadora en su versión más neoliberal, basada en Tratados de Libre Comercio bilaterales o regionales con un número importante de países.

Los gobiernos de Piñera y de Bachelet han sido y continúan siendo en la región los impulsores principales de la Alianza del Pacífico promoviendo activamente la incorporación de países como el Uruguay en ese esquema de negociación en desmedro de los actuales esquemas de integración y de negociación regional y subregional. Para nadie es un misterio que ese TLC apunta estratégicamente a fortalecer el esquema de la Alianza del Pacífico.

Hace poco un buen amigo con la mejor intención me señalaba que si había un comercio abierto entre países con economías equivalentes, sin riesgo de relación desequilibrada o inequitativa, no veía razón en oponerse a este nuevo TLC con Uruguay. Lamentablemente el tema no es así y es bastante más complejo en lo político y en lo técnico. El gobierno con el canciller Muñoz y su entorno tecnocrático han impulsado ortodoxamente estos nuevos TLC de "última generación " en coherencia y convergencia con los intereses de los capitales transnacionales, de las ETN, incluso en desmedro de los grupos económicos y  empresas criollas.

Este tipo de acuerdos no son neutrales ni requieren discusiones meramente técnicas cómo se nos pretende hacer creer. Ellos son, ante todo acuerdos políticos que determinan el tipo de modelo de desarrollo económico productivo que tenemos y tienen importante  repercusiones en nuestra institucionalidad y leyes y por tanto en el ejercicio de los derechos económicos y sociales de los trabajadores.

Por ello es tan sano y democrática la decisión del Frente Amplio uruguayo como coalición gobernante de analizar y debatir sobre el TLC bilateral con Chile en el seno del Frente Amplio y con participación de las organizaciones como paso previo a que sea analizado y votado en el Parlamento de ese hermano país.

¿Y en Chile podremos algún día discutir de manera soberana, participativa e informada sobre este TLC?

Esteban Silva Cuadra

 Santiago, enero de 2018