CUATRO PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE EN HUELGA DE HAMBRE DESDE EL 13 DE MARZO DE 2006 |
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Florencio Jaime Marileo Saravia, José Patricio Marileo Saravia, Patricia Roxana Troncoso Robles y Juan Carlos Huenulao Lielmil están en huelga de hambre para denunciar las injusticias que se cometen en su contra por el Estado chileno.
Los cuatro presos mapuche, que iniciaron la huelga de hambre el pasado 13 de marzo, a días de haber asumido la actual Presidenta de la República Michelle Bachelet, se encuentran actualmente en una condición de salud en extremo delicada.
A ella se habían sumado el dirigente mapuche Juan Antonio Colihuinca y el lonko José Cariqueo, quienes fueron absueltos el pasado 31 de marzo de todos los cargos en el marco de la misma causa. Obtenida su libertad, Cariqueo asumió la vocería de los presos que aún continúan en huelga.
Para saber quienes son los presos políticos mapuche en huelga de hambre: http://www.observatorioderechosindigenas.cl/contenidos/naveg/doc4/
Quienes_son_los%20Presos_Mapuche_de_Angol.pdf
En Chile existen dos tipos de ciudadanos. Unos a los que se les reconocen y respetan sus derechos fundamentales y otros, los mapuche, que no tienen derecho a las normas básicas del debido proceso.
Matías Meza-Lopehandia
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos está preocupado por la huelga de hambre, prolongada desde hace más de cuarenta (40) días, protagonizada por cuatro comuneros mapuche encarcelados en la ciudad de Angol, condenados a diez años y un día de prisión por la misma causa de incendio del fundo Poluco Pidenco: los Sres. Florencio Jaime Marileo Saravia, José Patricio Marileo Saravia, Patricia Roxana Troncoso Robles y Juan Carlos Huenulao Lielmil. El Observatorio se encuentra especialmente preocupado por las condiciones de salud e impactos sobre la integridad física y psicológica de estos comuneros en, huelga de hambre, y observa con inquietud que los elementales reclamos de los comuneros mapuche en huelga de hambre siguen siendo desatendidos.
Carta abierta a la Sra. Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile
Por: La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), dentro del marco de su programa conjunto, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos. París - Ginebra, 28 abril de 2006 Leer en: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=844&PHPSESSID=4d078356c0e1540610eb953e42d727cb
CTT se pronuncia ante "soluciones del gobierno" en el caso de la huelga de hambre
Mediante un comunicado público el Consejo de Todas las Tierras exigió "la liberación de los presos políticos Mapuche", desechando la clemencia y la amnistía considerando que los Mapuche, no han cometidos actos terroristas.
DECLARACION PUBLICA CONTINUACION DE LA HUELGA DE HAMBRE Y LA APLICACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA.
Ante la prolongación de la Huelga de Hambre por los comuneros Mapuche y el anuncio del gobierno de no aplicar la ley antiterrorista a las comunidades que reivindican sus derechos, el Consejo de Todas las Tierras, emite la siguiente declaración.
1.- El Consejo solidariza con la decisión de los comuneros Mapuche en cuanto a iniciar una Huelga indefinida. La decisión pone de relieve la firme convicción de los comuneros que tanto el proceso judicial no garantizó el debido proceso, utilizando Testigos Sin Rostros y la aplicación de la Ley Antiterrorista no tan solo es un instrumento represivo en contra de las reivindicaciones de los derechos territoriales, sino, esta fue la estrategia para cometer los abusos en contra de los Mapuche.
2.- La aplicación de la ley antiterrorista pone en evidencia que el Estado Chileno, debe recurrir a mecanismos legales extremos para reprimir al movimiento Mapuche que lucha por el derecho a la restitución de las tierras y territorio usurpado y el derecho a la autodeterminación. Pero a la vez la ley antiterrorista por haber sido gestado durante la dictadura militar no tiene la legitimidad en un verdadero Estado de Derecho.
3.- Para el Consejo de Todas las Tierras, es inaceptable el anuncio del gobierno en cuanto a que no aplicará la ley antiterrorista con los Mapuche. Al respecto, recordamos que en ningún caso habría afectado a los Mapuche, en la medida que hubieran garantías judiciales del debido proceso.
4.- La ley antiterrorista en tiempo de paz, en un Estado de Derecho solo es aplicable a los enemigos internos por tanto, la aplicación de los recursos legales extremos en el caso de los Mapuche, no ha tenido otro fin que reprimir el legitimo derecho a la restitución de los derechos conculcados a los Pueblos Indígenas desde la formación del Estado Chileno.
El anuncio de la revisión de la política de la aplicación de la ley antiterrorista de parte del gobierno, presume que las comunidades Mapuche están relacionados con tales hechos y por tanto, rechazamos categóricamente cualquier anuncio de esta naturaleza y más todavía si se entiende como una actitud benevolente de la opresión política.
5.- El Consejo de Todas las Tierras, exige la liberación de los presos políticos Mapuche y desecha la clemencia y la amnistía considerando que los Mapuche, no han cometidos actos terroristas.
AUCAN HUILCAMAN PAILLAMA
Enc. Relaciones Internacionales
Consejo de Todas las Tierras
Wallmapuche Temuco, Chile 28 de Abril de 2006
24 April, 2006
HUELGA DE HAMBRE DE PRISIONEROS MAPUCHE (Por Mauricio Buendia)
Revista Punto Final
Pasan los días y la piel se entristece, se anquilosa el cuerpo, se estremecen las certezas y el alma, porque una huelga de hambre es siempre dolorosa. También furia e impotencia, un llamado de atención, un grito a la razón a un país indolente que reniega de sus raíces y se acuerda de los pueblos originarios solo cuando estos se levantan en la defensa de sus derechos. Ahí el Estado recuerda su existencia, entonces manifiesta su propia furia de siglos y a través del fuego de su mirada dispara y golpea al mapuche. Y por obra y gracia de la justicia chilena al mapuche se le estigmatiza como delincuente y terrorista. Por ello, por esa injusticia, es que un grupo de presos políticos mapuche de la cárcel de Angol iniciaron una huelga de hambre el 13 de marzo. Juan Huenulao, Patricia Troncoso, Patricio Marileo y Jaime Marileo, resolvieron comenzar el movimiento de carácter indefinido con el objetivo de exigir la libertad de todos los presos mapuche y,además, para demandar la revisión de los procesos en los cuales se les acusa. Es que desde el comienzo de la nueva etapa del movimiento mapuche en su lucha por tierra, territorio y derechos colectivos como pueblo, el Estado ha utilizado toda la fuerza de la ley chilena para criminalizar las demandas indígenas. Es así que ha recurrido a la Ley anti-terrorista para reprimir a los mapuche e intentar desarticular sus organizaciones, a pesar de que múltiples instituciones nacionales e internacionales han expresado su rechazo a la aplicación de dicha legislación en relación a un conflicto de carácter social y que, por lo demás, tiene su origen en la violencia proveniente del Estado chileno para despojar al mapuche de sus tierras y cultura. La huelga de hambre es solo una manifestación más de esta violencia y de la torpeza de recurrir la a ley anti-terrorista. Claro, porque los comuneros en huelga fueron condenados a largas penas de cárcel en el marco del caso denominado "Poluco Pidenco", proceso judicial que llevó ante los tribunales chilenos a once miembros de las comunidades Tricauco, San Ramón y Chequenco, acusados del delito de incendio terrorista del predio de propiedad de la Forestal Mininco, ocurrido en diciembre del 2001.
POLUCO-PIDENCO Y LA INCREIBLE "JUSTICIA" CHILENA
Como ha sucedido en reiteradas oportunidades, el Ministerio Público, el gobierno y las empresas forestales, actuaron de consuno para intentar impedir el debido proceso de los acusados. De hecho, la jueza de Garantía que rechazó el carácter terrorista del delito que se les imputaba a los procesados, fue prontamente inhabilitada por la Corte Suprema. En este marco se realizó el primer juicio en agosto del 2004 al cual no se presentaron todos los acusados, pues consideraron que no estaban dadas las condiciones para un proceso justo. En esa oportunidad fueron condenados José Huenchunao , Juan Millacheo, Patricia Troncoso, Jaime Marileo, y Juan Marileo a 10 años y un día por el delito de incendio terrorista, además se les obligaba a pagar una indemnización a la Empresa Forestal Mininco de 425 millones de pesos. Es decir, a lo desproporcionado de las penas se le agregaba una sideral suma de dinero que, por cierto, ninguno de los detenidos está en condiciones de pagar, toda vez que son comuneros que perviven en las mismas condiciones de pobreza que la mayoría del pueblo mapuche. Además, dicha indemnización era en favor de la forestal que ha arrasado con sus tierras y que el año 2002, en la época en que tuvo lugar el incendio, obtuvo ganancias por más de 7 mil millones de pesos. Pero lo increíble de la sentencia no radica solo en este hecho, sino también en que ésta se basó - incluso reproduciendo textualmente en parte - en la sentencia que había condenado a los lonko de Temulemu, Pascual Pichun y de Didaico, Aniceto Norin, a 5 años y un día el año anterior.
Asimismo, amparados en la legislación anti-terrorista, se utilizaron testigos sin rostro o anónimos los cuales, se supo, fueron pagados para testificar. El Ministerio Publico gastó alrededor de 20 millones de pesos en estos testigos que, de acuerdo a expertos, contravienen normas mínimas que garanticen un debido proceso. Aún así el juicio se realizó y los cinco detenidos fueron condenados, mientras los seis comuneros restantes optaron por no presentarse y sumirse en la clandestinidad, mas uno de ellos, Carlos Huenulao, fue eventualmente arrestado, sometido a juicio en abril del año pasado y condenado a 10 años y un día y a pagar una millonaria indemnización.
Por lo mismo, cuando dos de los comuneros prófugos, José Cariqueo y Juan Colihuinca, fueron detenidos recientemente y tuvieron que enfrentar al tribunal Oral en lo Penal de Angol por el mismo caso de incendio terrorista, la convicción era que, una vez más, serían condenados a largas penas de prisión. De hecho, Cariqueo - quien había sido detenido en octubre del 2005 - renunció a la defensa penal pública por considerar que este era un juicio político y que no existía garantía alguna de un debido proceso. Es lo mismo que sostuvo la Agrupación de Familiares de los Presos Políticos Mapuche, al afirmar que " los tribunales de juicio oral de Angol, el Ministerio Público, el gobierno de Chile y la forestal Mininco se confabularán para acusar nuevamente a dos mapuche de "terroristas", por el solo hecho de luchar por la libertad de su pueblo. Como es de esperar serán enjuiciados bajo mentiras de testigos pagados por el Ministerio público, al igual como ocurrió con Jaime Marileo Saravia, Patricio Marileo Saravia, Juan Huenulao Lienmil, Patricia Troncoso, José Huenchunao Mariñan y Juan Millacheo Lican, todos condenados a diez años por incendio terrorista y a pagar una millonaria suma de dinero a favor de los ladrones y usurpadores del territorio Mapuche, Forestal Mininco".
Sin embargo, para sorpresa de muchos, en este tercer juicio en relación al caso Poluco-Pidenco, el tribunal de Angol declaró la inocencia de los imputados al no formarse la convicción de su participación en los hechos y,además, de no compartir la calificación de terrorista del supuesto delito de incendio. Esta no es la primera vez que un tribunal falla a favor de mapuche acusados de delitos terroristas, es lo acaecido en la ciudad de Temuko, en julio del año pasado, cuando un grupo de dirigentes y comuneros mapuche fueron absueltos de la acusación de asociación ilícita terrorista. Ello, no obstante la intervención directa de la Corte Suprema orientando a los jueces del Tribunal Oral para que condenaran a los mapuche que ya habían sido absueltos por el mismo delito anteriormente. Entonces, pareciera existir, al menos en algunos jueces, la disposición a escuchar los argumentos esgrimidos por la defensa y los propios mapuche que son víctimas de un conflicto que jamás iniciaron y de delitos en los cuales no tuvieron participación. Pero, varios de ellos continúan aún en prisión, pues son objeto de investigación en otros hechos. Además, lo insólito es que en el caso específico de Poluco-Pidenco, el tribunal de Angol analizó y valoró las mismas pruebas presentadas por el Ministerio Público para acusar y lograr la sentencia de los cinco detenidos actualmente en huelga de hambre. En otras palabras, en esta oportunidad fueron absueltos y liberados José Cariqueo y Juan Colihuinca, mientras que anteriormente fueron condenados Juan Huenulao, Patricia Troncoso, Patricio Marileo y Jaime Marileo. La misma causa, las mismas pruebas, pero dos sentencias distintas., por lo tanto algo funciona muy mal en la aplicación de justicia en territorio mapuche y al gobierno le cabe directa participación y responsabilidad en lo que allí sucede.
¿QUE DICE EL GOBIERNO DE BACHELET?
El nuevo gobierno de la Concertación ha señalado su disposición a no "criminalizar" las demandas mapuche, como sí lo hicieron sus antecesores, de la misma manera que ha manifestado su voluntad de proceder al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, sin embargo el Ministerio del Interior se hizo parte del juicio que acaba de culminar , por ende, el discurso del gobierno de iniciar una nueva relación con el pueblo mapuche no se condice con su accionar, puesto que se continúa aplicando la ley antiterrorista en el contexto de un conflicto social. En el marco de las 100 medidas urgentes prometidas durante la campaña presidencial, el gobierno ha enviado al parlamento una serie de proyectos de ley para ser discutidos y aprobados antes del 21 de Mayo, entre estos se encuentra el proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Esto pareciera ser congruente con el programa político del gobierno y con las promesas electorales, pero la rapidez con se pretendió aprobar esta nueva ley atentaba contra el debate serio y responsable y, por lo demás, es claro que no habían sido consultados los pueblos originarios. Finalmente - producto de la presión, fundamentalmente desde el pueblo mapuche - el proyecto fue temporalmente retirado por el gobierno. No obstante, lo más probable, es que se insista en el carácter unicultural de la sociedad chilena y en la naturaleza unitaria del Estado-nación chileno. Es decir, más allá que se pueda incluir a los pueblos indígenas en la constitución y constatar de esta manera su innegable existencia, no se reconocerán sus derechos colectivos.
Quizás a eso se deba el silencio de las autoridades en lo concerniente a la huelga de hambre de los presos mapuche de la cárcel de Angol, tal vez esta será la nueva política indigenista, invisibilizar el conficto y las demandas mapuche. Por lo mismo, familiares, amigos y organizaciones solidarias con los huelguistas y con el pueblo mapuche han realizado numerosas manifestaciones y acciones en Val paraíso, Santiago y Temuko para intentar romper el manto de silencio comunicacional en torno a la huelga. Porque ya se prolonga demasiado, porque día a día se deteriora la salud de los presos, porque este es un problema que requiere de una solución política, pero por sobre todo, humana.
Mauricio Buendía
Abril 2006
Agradecimientos a :
Observatorio de los Derechos Indígenas: http://www.observatorioderec h osindigenas.cl